A un año de la reforma de la Constitución de Santa Fe, la provincia atraviesa una etapa de transformación institucional que, según plantea el CPN Mariano Cuvertino, requiere avanzar en la implementación de las nuevas disposiciones constitucionales.

Cuvertino, quien siguió de cerca el proceso de reforma en su carácter de Secretario Parlamentario, destaca la construcción de consensos alcanzada durante el debate y sostiene que el desafío actual consiste en traducir los cambios constitucionales en herramientas concretas de gestión y funcionamiento institucional.

En ese marco, identifica tres leyes vinculadas con las cláusulas transitorias de la nueva Constitución: la Ley Orgánica de Municipios, el Código Electoral y la Ley de Coparticipación. Las dos primeras fueron sancionadas durante 2026, mientras que la última constituye, según el autor, uno de los principales desafíos pendientes.

La autonomía municipal y las nuevas reglas

Cuvertino destaca la sanción de la Ley Orgánica de Municipios Nº 14.436, que establece un nuevo marco para el funcionamiento de los gobiernos locales a partir de la autonomía municipal consagrada por la reforma constitucional.

Según explica, la elaboración de la norma demandó más de cinco meses de trabajo, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, con participación de autoridades locales y referentes de distintas localidades de la provincia.

Entre los aspectos que menciona se encuentran el fortalecimiento de las competencias municipales, la limitación de los mandatos de las autoridades, modificaciones en el régimen electoral de localidades pequeñas y la incorporación de mecanismos vinculados con el acceso a la información y la participación ciudadana.

Un nuevo Código Electoral

Otro de los avances señalados por el autor es la sanción del nuevo Código Electoral de Santa Fe.

Cuvertino sostiene que la provincia cuenta con instrumentos electorales como la Boleta Única Papel, la paridad de género y las PASO, a los que se sumaron otras disposiciones incorporadas al nuevo marco normativo.

Desde su perspectiva, el nuevo código permite ordenar en un único cuerpo normativo disposiciones que durante décadas se encontraban distribuidas en distintas leyes y modificaciones.

También destaca la incorporación mediante ley del voto joven y la modernización de la Justicia Electoral, con una estructura especializada y mayores instancias de garantía.

La coparticipación, el desafío pendiente

El eje central de la columna está puesto en la necesidad de sancionar una nueva Ley de Coparticipación que acompañe la autonomía municipal establecida constitucionalmente.

El autor señala que el artículo 157 de la Constitución reformada establece como plazo septiembre de 2027 y fija principios vinculados con la proporcionalidad, la eficiencia fiscal, la redistribución solidaria y la equivalencia de desarrollo.

Cuvertino cuestiona el régimen vigente, establecido por la Ley Nº 7.457, sancionada en 1975, y considera que el esquema actual no refleja la expansión de funciones que tienen los municipios ni las nuevas responsabilidades derivadas de la autonomía.

Como ejemplo, menciona la situación de municipios del cordón portuario del Gran Rosario y los mecanismos de cobro de tasas a camiones que ingresan a las terminales. Según plantea, la falta de coordinación entre los distintos niveles del Estado genera sistemas fragmentados y dificultades para garantizar una adecuada trazabilidad de los recursos.

Tres criterios para un nuevo régimen

En la columna, Cuvertino propone tres criterios para orientar la construcción de un futuro sistema de coparticipación.

El primero consiste en reducir la arbitrariedad y fortalecer la institucionalidad, mediante reglas claras de distribución que contemplen las características y funciones de los diferentes gobiernos locales.

El segundo apunta a desarrollar un sistema eficiente, coordinado y con mecanismos de control, mediante la articulación de los distintos regímenes existentes y criterios unificados de distribución, con herramientas que permitan garantizar transparencia y trazabilidad.

El tercer criterio está relacionado con la equidad y la eficiencia recaudatoria. El autor plantea que el sistema debería contemplar las diferentes capacidades de los municipios para financiar los servicios públicos, al mismo tiempo que genere incentivos para mejorar la responsabilidad tributaria local.

Para avanzar en esa dirección, considera necesario determinar cuánto cuesta a cada gobierno local brindar un nivel comparable de servicios y utilizar esas necesidades estandarizadas como referencia para definir la distribución de los recursos.

La necesidad de una nueva institucionalidad

Cuvertino sostiene además que el nuevo régimen requerirá una estructura institucional específica. En ese sentido, propone la creación de un organismo técnico autónomo, con representación paritaria de las distintas regiones de la provincia, encargado de coordinar la distribución de los recursos de acuerdo con criterios previamente establecidos.

El objetivo, según explica, sería reemplazar la fragmentación actual por un esquema de coordinación entre la Provincia y los municipios, con mayor previsibilidad para las finanzas públicas locales.

El autor reconoce que la construcción de este sistema implicará definir criterios, mecanismos institucionales y herramientas de control, pero plantea que también deberá contemplarse la posibilidad de realizar ajustes cuando las condiciones lo requieran.

El debate hacia 2027

En el cierre de su columna, Cuvertino sostiene que la discusión sobre la coparticipación debería desarrollarse durante el próximo año y mantenerse diferenciada de las cuestiones coyunturales.

El plazo establecido por la Constitución para avanzar con este nuevo régimen es septiembre de 2027. Para el autor, la discusión representa una oportunidad para revisar las relaciones fiscales entre la Provincia y los municipios y consolidar, mediante normas concretas, la autonomía municipal consagrada constitucionalmente.

La sanción de la Ley Orgánica de Municipios y del nuevo Código Electoral constituye, desde su perspectiva, parte de un proceso que todavía tiene una instancia pendiente: establecer un régimen de coparticipación que permita hacer efectiva la autonomía y fortalecer la coordinación fiscal entre los distintos niveles del Estado santafesino.