La historia comienza hace un mes, cuando Fernando S. (32), Saúl C. (34) y Carlos C. (24) aceptaron la oferta de un hombre que se presentó como propietario de un campo. La propuesta sonaba tentadora: alojamiento, trabajo regular y mil pesos por cada cajón de frutillas recolectado. Pero al llegar al lugar, la realidad fue otro contrato: $600 por cajón, trabajo los siete días de la semana y dormir sobre tablas, en condiciones que rozan la esclavitud.

Las denuncias de los peones revelan que el capataz, un tal Marcos, ejercía el control con insultos, amenazas y golpes en las puertas de las piezas precarias. Una escena propia de un feudo moderno: si alguien se quejaba, se lo expulsaba sin paga.

Eso fue exactamente lo que ocurrió. El último fin de semana, los tres trabajadores fueron corridos del sitio, sin recibir el dinero correspondiente a sus jornadas.

El episodio llegó a la justicia a través de la Subcomisaría 20 y de la 6ta Zona de Inspección. La intervención de la Policía de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género dio un marco penal a la denuncia, ya no solo como un conflicto laboral, sino como un hecho que podría configurar explotación laboral y trata.

El imputado, quedó a disposición de la fiscalía en turno, mientras las víctimas esperan que la justicia les devuelva al menos lo que el campo de frutillas les arrancó: su dignidad.