El Poder Ejecutivo oficializó este jueves, mediante el Decreto 524/2025, el procedimiento que deberán seguir los extranjeros que hayan realizado una inversión relevante en el país y busquen obtener la ciudadanía argentina. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todos los extranjeros interesados en acceder a la nacionalidad bajo este nuevo régimen.

Se modifica la tradicional Ley de Ciudadanía N° 346, es un nuevo paso dentro de la reforma migratoria de Milei, que fue oficializada a finales de mayo. Esta cambió los requisitos sobre los cuales se otorga la ciudadanía argentina, la residencia en el país y se avala tanto el ingreso, la permanencia y la expulsión de una persona extranjera.

El primer paso del proceso es la presentación de la solicitud ante la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Este organismo descentralizado deberá verificar si la inversión efectuada por el solicitante encuadra dentro de los criterios definidos por la autoridad económica para ser considerada relevante.

Una vez superada esa instancia, la Agencia deberá solicitar informes técnicos a diferentes dependencias estatales, entre ellas el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la Secretaría de Inteligencia del Estado. La normativa también habilita a requerir información a otros organismos públicos o privados, si así se considera necesario.

El objetivo de esos pedidos es determinar si el otorgamiento de la ciudadanía al inversor podría implicar algún riesgo para la seguridad nacional o afectar intereses estratégicos del país. Con los informes reunidos, la Agencia elaborará un dictamen en el que recomendará o desaconsejará la aprobación de la solicitud. Este documento será remitido a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tendrá un plazo de 30 días.

Además, la normativa instruye a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), también dependiente del Ministerio de Economía, a realizar las modificaciones normativas y técnicas necesarias para permitir que los nuevos ciudadanos obtengan una Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). Este número es indispensable para formalizar actividades económicas dentro del país.